FORO JAVERIANO

Fuente: Pexels

Por: Juan José Osorio Quintero

Si a modo de pregunta retórica se le solicita al lector responder si sabe qué es la represa de la Salvajina, seguramente habrá silencio en su respuesta. Sin embargo, imagine vivir en una región selvática, a horas de algún centro poblado del territorio nacional, donde el abandono del Estado y la fuerza pública brillan por su ausencia.  No obstante, se ha acostumbrado a vivir con lo justo y necesario, sin lujos, viviendo del día a día y trabajando de sol a sol. Es así cómo vivían los habitantes en los confines selváticos del Valle del Cauca antes de que diversas organizaciones gubernamentales se interesaran por construir un monstruo de gigantesca envergadura al que denominaron represa de la Salvajina. Dichas organizaciones se reunieron con diferentes líderes campesinos e indígenas en la ciudad de Popayán a mediados de 1986 para firmar un acta de compromisos que obligaba a diversas autoridades como el Gobierno Nacional, la Gobernación del Cauca, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, entre otros, a realizar una serie de construcciones, adecuaciones, proyectos y garantías para con aquellas comunidades. Dicho compromiso se denominó Acta del 86, que abarcaba promesas como la construcción de una carreta marginal que permita la comunicación entre un lado y otro de la represa, para que los habitantes que circundan la misma pudieran volver a tener vías de acceso como sucedía antes de la construcción de la Salvajina. También, la edificación de diversos puestos de salud e instituciones educativas que sirvan para traer progreso y vida digna a la comunidad. Y, compromisos, entre otros, como la mediación ante el Consejo de Estado para evaluar la reapertura de un importante ferrocarril.  

Al sol de hoy, treinta y siete años después, una sentencia de la Corte Constitucional, dos constituciones políticas y ocho presidentes distintos, la mayoría de aquellas personas que firmaron ese acuerdo han fallecido y son sus hijos y nietos quienes luchan para que se cumpla lo dispuesto en el Acta del 86. Paradójicamente, una constitución tan liberal,  incluyente y rica en Derechos como lo es la constitución de 1991, que entró a reemplazar la ultraconservadora carta política de 1886, trajo prejuicios como la eliminación de diversas entidades gubernamentales que adquirieron compromisos con la comunidad en 1986, así como cambios en la competencia a entidades que suscitaron obligaciones como consecuencia de la firma del acta. Esta situación ha impedido que aquellos valientes luchadores, que le han plantado cara, no solo al gobierno Nacional, sino a las guerrillas, que constantemente asedian el territorio, causando oprobios y vulneraciones a los Derechos Fundamentales, y como es costumbre, en la mayoría de territorios marginados, fungiendo de estado y ley, puedan recibir, como mínimo, una respuesta coherente, sensata y pertinente ante las reiteradas solicitudes a las entidades que se comprometieron a realizar labores de mejoras. Algunas de esas entidades fueron, inclusive, directamente mencionadas por la Corte Constitucional en la sentencia T 462A-2014. Sin embargo, a juicio de la misma, carecen de competencia para responder las solicitudes realizadas por la comunidad referente a los compromisos y, por tanto, incapaces de cumplir las obligaciones descritas en el Acta del 86.  

Como las comunidades que tienen sus asentamientos alrededor de la Salvajina, hay muchas en el territorio nacional, y no necesariamente como consecuencia de la construcción de una represa, sino por diferentes motivos como la violencia que azota ininterrumpidamente al país desde la colonia, la desigualdad recrudecida por los grupos armados o la ausencia del Estado. Estas son algunas de las causas por las cuales tienen una calidad de vida contraria a los principios rectores del ordenamiento jurídico que establece el trabajo, la paz, la dignidad humana, entre otras, como pilares cardinales de la sociedad. Afortunadamente para la comunidad circundante a la represa, su caso ha sido atendido por la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, quienes trabajan arduamente para que aquellos compromisos, que de forma resiliente han sido esperados por más de tres décadas, sean cumplidos como materialización del estado social de derecho.