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¿Por qué ha sido tan demorada la elección de la Fiscal General de la Nación?
La terna de la Fiscalía: un problema constante
La elección de Fiscal General de la Nación ha sido una noticia constante en los últimos días, que ha dejado ver problemas viejos y situaciones nunca antes vistas. Aquí hay una guía que intenta explicar el contexto de tan notoria elección.
Fuente: El Tiempo
Por: Nicolás Montenegro
La Fiscalía General de la Nación es un organismo autónomo e independiente del poder judicial, creado con la constitución de 1991 y encargado de investigar delitos y acusar presuntos infractores de la ley penal. El cargo más alto de la institución es el de Fiscal General de la Nación, quien es elegido por la Corte Suprema de Justicia para un periodo de cuatro años con las funciones de dirigir y coordinar a los encargados de todas las investigaciones y acusaciones ante los jueces y tribunales.
El proceso de elección inicia con la conformación de una terna por parte del Presidente de la República. Esta terna se elabora a partir de una lista de candidatos que cumplen con los requisitos legales para el cargo y, vale la pena mencionarlo, con afinidad al gobierno. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia elige al Fiscal General de la Nación tras un proceso de audiencias públicas, deliberación y, finalmente, una votación secreta.
El 2 de agosto del 2023, el presidente Gustavo Petro presentó ante la CSJ la terna para la elección de la próxima Fiscal General. En el comunicado al país sobre la terna, se dio a conocer al público los nombres de las integrantes y un resumen de sus hojas de vida. Ángela Buitrago, Amelia Pérez y Amparo Cerón fueron las abogadas escogidas. Buitrago, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, fue destacada por su trabajo en casos como la toma del Palacio de Justicia y las ejecuciones extrajudiciales de civiles. Pérez, con estudios en Derecho y Criminología, resaltó por su experiencia como jueza y fiscal, incluyendo la Unidad Nacional de DD.HH. Cerón, quien se convertiría en protagonista, fue presentada como especialista en Administración Pública y Derechos Humanos, habiendo desarrollado su carrera en la Rama Judicial y ocupando cargos como Fiscal Seccional y Directora Seccional del CTI.
En un principio, no parecía haber nada fuera de lo común con la terna, sería una decisión de la Corte entre 3 abogadas con logros notables y perfiles parecidos. Sin embargo, Amparo Cerón se convirtió rápidamente en objeto de controversia. Columnas cono "La infiltrada", de Daniel Coronell, y otros artículos de opinión de periodistas como María Jimena Duzán, presentaron un caso que opacó su inclusión como candidata.
El punto fuerte de Cerón era su experiencia, la cual incluía casos destacados como las masacres de Segovia y La Rochela, el asesinato de Jaime Garzón y el caso Odebrecht, donde ordenó la detención y presentación de cargos contra Otto Bula, Gabriel García Morales y José Elías Melo.
Las columnas periodísticas pusieron en duda la transparencia e integridad del trabajo de Cerón. Por ejemplo, se presentó al público un testimonio del exfiscal anticorrupción, condenado por corrupción, Luis Gustavo Moreno, quien afirmó que fue él el quien designó a Cerón para el caso Odebrecht con la intención de influir en su actuación. Asimismo, se dijo que durante el caso había sido trasladada al Bunker de la Fiscalía, para que el Fiscal de entonces tuviera injerencia en su labor, a pesar de estar impedido por sus clientes pasados.
A las acusaciones contra Cerón se le sumaron presiones por parte de algunos sectores del Pacto Histórico, y la combinación de estas fueron suficientes para persuadir al presidente de modificar la terna ya presentada. La defensa de la abogada consistió en enviar dos misivas a la Corte Suprema de Justicia en las que decía que las acusaciones contra ella eran falsas, que no se le había dado oportunidad de defender su buen nombre y que ella en ningún momento había renunciado a la candidatura ni se le había pedido su consentimiento para la modificación de la terna, tratándose entonces, según ella, de la revocatoria directa de un acto administrativo de carácter particular y concreto; por lo que exhortaba al máximo tribunal a seguirla considerando como una opción. Aun así, la Corte manifestó que la conformación de la terna era de la discrecionalidad de la Presidencia de la República y por ende puede el primer mandatario modificarla si lo considera pertinente.
Quedó, entonces, Amparo Cerón excluida de la terna y remplazada por Luz Adriana Camargo Garzón, quien ha sido Fiscal delegada ante la CSJ, Magistrada Auxiliar de la Sala de Casación Penal de la misma institución, perito de litigios internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dirigió investigaciones en casos de lavado de activos y parapolítica, entre otros.
Algunos sectores de opinión celebraron el cambio y otros más pequeños mostraron su inconformismo, pero la necesidad general de elegir una nueva Fiscal General, parecía imponerse a las opiniones políticas del asunto. Sin embargo, la terna aún no estaba libre de controversias, pues en un evento casi cómico, un Magistrado de la misma CSJ interpuso una tutela contra la terna por motivos de equidad de género, pues esta no incluía ningún hombre.
Como era de esperarse, la tutela fue rápidamente descartada por la Corte, pues no tenía mayor fundamento legal. Ya solo quedaba el proceso de deliberación y elección, el cual en principio no debía durar mucho, ya que el Fiscal General Francisco Barbosa entregaba el puesto el 12 de febrero. Sin embargo, este no fue el caso, la Corte aplazó en más de una ocasión la fecha de elección; mientras la dirección del cargo lo ocupa, de manera interina, la que fue la segunda al mando de Barbosa, Martha Mancera. Al momento de entregar este artículo, aún sigue sin saberse quién será la elegida para el puesto. La siguiente fecha de votación será el 7 de marzo, pero no sería raro que se diera un nuevo plazo.
Aunque parezca peculiar, esto no es nuevo, de hecho, era de esperarse. Tradicionalmente, la elección del Fiscal General de la Nación en Colombia ha sido un proceso largo y complejo, caracterizado por múltiples rondas de votación en la Corte Suprema de Justicia. Desde el 2005, ningún candidato ternado ha logrado los 16 votos requeridos en una sola votación, lo que ha generado interinidades prolongadas. Por ejemplo, la elección de Viviane Morales tomó 16 meses y más de 20 rondas de votaciones. La terna actual finalizó infructuosamente la tercera votación, donde Amelia Pérez obtuvo 13 votos, quedando únicamente a 3 votos de ser elegida. Por su lado, 10 magistrados decidieron abstenerse, argumentando que no han tenido suficiente tiempo para estudiar las hojas de vida de las candidatas
Como es lógico pensar, y como ha sido demostrado en las noticias de las últimas semanas, la demora en la elección de la Fiscal General acarrea varios problemas. Por un lado, los sectores políticos afines al gobierno han demostrado su gran inconformismo. En días pasados, Gustavo Bolívar, excongresista y excandidato a la alcaldía de Bogotá se pronunció a través de su cuenta de Twitter: “No entiendo por qué todo un país tiene que marchar y rogarle a la Corte Suprema de Justicia para que elija a la nueva Fiscal”, dijo.
Por esta misma línea, el 8 de febrero, seguidores del Gobierno se congregaron frente al Palacio de Justicia para protestar la falta de decisión por parte de la Corte. Durante la jornada se desataron desórdenes, incluyendo intentos de ingreso forzado al parqueadero y momentos donde se pensó en sacar a los magistrados por helicóptero. El presidente de la Corte, Gerson Chaverra, denunció el bloqueo de las puertas, considerándolo una agresión contra la institución y sus magistrados.
Asimismo, sectores de oposición se pronunciaron frente a las manifestaciones, el expresidente César Gaviria, el Centro Democrático y Cambio Radical acusaron al presidente Petro de presionar a la Corte para la elección del Fiscal, convocando a la ciudadanía a las calles bajo el argumento de una supuesta ruptura institucional para sacarlo del Gobierno. Mientras tanto, organismos internacionales como la ONU y la CIDH instaron al Gobierno a garantizar la elección del fiscal y pidieron una pronta decisión para evitar prolongar la interinidad.
Frente a la insistencia ciudadana y las opiniones de los órganos internacionales, la opinión mayoritaria de los técnicos en derecho es a no culpar a la Corte por la demora. En una entrevista realizada por El Nuevo Siglo, el jurista y exministro de justicia, Yesid Reyes, señaló que: “En Colombia se diseñó en la Constitución un sistema complejo porque, supongo, se pensó que, al ser un funcionario con una responsabilidad, unas obligaciones tan precisas, tan altas, se debía ser muy cuidadoso en su elección” y que, por ende, si bien no es un escenario deseable, es uno lógico y, para muchos, preferible a si el Fiscal lo eligiera directamente el presidente, como pasa en varios países.
La realidad es que es una situación que deja en claro un problema profundo para el paradigma jurídico actual es que la elección de Fiscal General de la Nación, al igual que muchos otros cargos públicos, por más de que se quiera tecnificar y alejar de discusiones ideológicas, es un dilema político, al que inclusive con la extensamente desarrollada teoría de separación de poderes, la CSJ no es inmune. Es una terna cuya conformación esta teñida de fuertes intereses y en su elección los jueces se verán presionados por todos los sectores del país. Pero es que no puede ser de otra forma.