FORO JAVERIANO

ODEBRECHT. ¿Quién no ha oído hablar de tan tristemente célebre empresa? Más triste aún resulta la reacción de nuestras instituciones al caso, teniendo alternativas más objetivas para elegir a quien debe llevar a la justicia a sus implicados.

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Era un día como cualquier otro. Como muchos colombianos procedimos a mirar la prensa para informarnos de lo que ocurría en el país y como siempre un asunto llamó nuestra atención sobre todos. No se trataba de una nueva masacre u otro líder social asesinado, lo cual es desafortunadamente común. Era la historia del escándalo de corrupción más grande que había vivido el país por cuenta de una empresa brasilera dedicada a la construcción llamada ODEBRECHT. 

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El tema no parecía particular o novedoso. El pueblo colombiano ya había perdido la confianza en sus instituciones. Años de historia y de impoluta trayectoria se han visto opacados por culpa de la inefable corrupción que carcome al ser humano. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, se vio envuelta en escándalos que retrataban la manera en la que sus funcionarios se alejaban de la misión y de la visión de la entidad, anteponían sus mezquinos intereses sobre los preceptos mismos de la justicia que juraron alguna vez defender. Alcaldes, Gobernadores y otros funcionarios habían pasado por los estrados por utilizar dineros para sus propios intereses. La palabra ¨Cartel¨ era común en nuestro vocabulario y casi sinónima de alianzas indelebles que afectaban a las instituciones de todas las ramas del poder. 

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Sin embargo, esta vez era diferente. No se trataba de niños inventados para cobrar el cupo de estudiantes en colegios públicos, o enfermos falsos de VIH o Hemofilia en un recóndito municipio de la costa, se trataba del escándalo de corrupción más grande que Colombia y Latinoamérica habían vivido en su historia republicana.

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En términos generales el caso se resume así: la empresa ODEBRECHT durante 15 años hizo pagos millonarios a gobernantes, partidos políticos y funcionarios para obtener contratos en países como Angola, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia y Perú. Era un sistema sofisticado que permitiría a los involucrados obtener un total de 778 millones de dólares tan solo en sobornos y coimas. En Colombia, el escándalo salió a la luz por la información que entregaron los fiscales de EE.UU y Brasil a la Procuraduría colombiana el 26 de diciembre de 2016 y desde ese día, más y más personas se han visto involucradas, encontrándose actualmente 17 procesos abiertos relacionados con el escándalo y 45 en etapa preliminar. 

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Lo lógico, como siempre, era suponer que las autoridades responderían con diligencia al escándalo. Néstor Humberto Martínez Neira, reputado abogado Javeriano, es quien desde el 1 de agosto de 2016 tomaría las riendas de las Fiscalía y, por ende, la investigación del caso Odebrecht. “Vamos a derribar el muro existente entre el ciudadano y la Fiscalía”, dijo al momento de asumir el cargo. 

En su destacada trayectoria, Martínez Neira fue especialmente conocido por ser uno de los hombres más cercanos al expresidente Santos y, en reiteradas ocasiones, abogado de confianza del hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, y del grupo empresarial AVAL.

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Para Martínez Neira, el derecho privado siempre estuvo en su esfera íntima, desde su trabajo en la Superintendencia de Sociedades, su paso por el sector financiero, hasta llegar a consolidar su firma de abogados en el top nacional y posteriormente el mundial gracias a la fusión realizada con DLA Piper. Su recorrido profesional lo hizo acreedor del título de “uno de los mejores abogados del país¨. Igualmente, y por su cercanía no solo con Santos sino con otros presidentes como Pastrana o Samper, pudo desempeñarse en el sector público como Ministro de Justicia, de Interior y de la Presidencia de la República. 

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Sería un error no reconocer los aportes de Martínez Neira al mundo jurídico; el hijo del gran Salustiano Tapias no podía ser menos, un hombre brillante, con las mejores notas, muy afecto a su familia y dedicado al trabajo.

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Sin embargo, en lo que pareciera una jugarreta del destino, el funcionario encargado de llevar ante la justicia a delincuentes por estar al frente de una institución, que debería ser impoluta, resultó involucrado en el caso Odebrecht. 

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El país estaba atónito. Todo lo que rodeaba el caso estaba lleno de enigmas, especulaciones y un sinfín de extraños sucesos que enlodaban aún más el nombre de la Fiscalía General de la Nación y particularmente el de Martínez Neira. Partidos políticos de oposición y diversos sectores sociales lograron presionar lo que terminó en que el Fiscal General debiera declararse impedido para conocer, actuar y decidir sobre el asunto, gracias a que uno de sus principales clientes podría ser un directo responsable en este traumático hecho. 

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Las reacciones no se hicieron esperar. Un limbo jurídico rodeaba el impedimento, ya que nadie tenía certeza sobre el procedimiento o camino a seguir. Un grupo propuso que el caso fuera asignado a la Vicefiscal General, María Paulina Riveros como presupone el art. 58 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, Riveros también se declaró impedida. La solución fue propuesta por el gobierno Duque con la figura del Fiscal Ad-hoc, siguiendo el mismo procedimiento para la elección ordinaria del Fiscal General. 

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No ahondaremos en un proceso que estuvo colmado por la aparente ineptitud gubernamental para elegir un candidato idóneo. Si bien en la terna hubo figuras reconocidas en el ámbito jurídico, como la Magistrada Margarita Cabello o Leonardo Espinosa, quien terminaría elegido, ninguno parecía tener experiencia en materia penal para llevar una investigación de esta envergadura. 

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Igualmente, resulta cuando menos cuestionable la aptitud del propio gobierno para ternar al nuevo fiscal. Según datos de algunos medios de comunicación, el Grupo AVAL prestó a la campaña del presidente Duque poco más del 66% de los ingresos para las presidenciales de 2018. Esto, para muchos sectores representaba un impedimento del Presidente para presentar la terna. Sin embargo, pese a las criticas, muchos de los argumentos fueron tildados como ¨mamertos inclusive de ser dignos de un guerrillero de las FARC” (lo que quiera que eso signifique) y el Fiscal Ad-Hoc finalmente fue electo. 

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El tema aquí es cuestionar la ética y moralidad de nuestras instituciones y, como pese a haber una figura legal para el caso del impedimento, existen otros mecanismos exitosos que pudieron dar una elección transparente a quien llevara uno de los procesos más complejos que ha tenido nuestro país. 

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Tomemos por ejemplo el caso de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, más conocida como CICIG. Este órgano independiente, tiene como objeto atacar la existencia de aparatos clandestinos de seguridad que afecten derechos humanos, dentro y fuera del Estado, junto con el desarticulamiento de las actividades que los financien. 

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Como cabeza de la CICIG, el Secretario General de las Naciones Unidas nombró al jurista colombiano Iván Velásquez Gómez, Exmagistrado de la Corte Suprema y encargado en su momento de sacar a la luz hechos relacionados con la Parapolítica como la masacre del Aro.  Su trabajo fue tan bueno, que como muchos, tuvo que exiliarse del país por amenazas en contra su vida y su familia, sobre todo aquellas provenientes de los paramilitares. 

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Al llegar a Guatemala en 2006, el nuevo comisionado inicio varias investigaciones que culminaron con la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, presidente y vicepresidenta en 2015. La CICIG ha sido tan exitosa que, en 2018, el actual presidente de Guatemala Jimmy Morales buscó la expulsión del comisionado Velázquez, sin tener éxito gracias a un pronunciamiento de la Corte Constitucional de este país[1]. Morales actualmente continúa siendo persona non gratta, pero según encuestas tiene el apoyo de mas del 87% de la población guatemalteca. 

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Imaginemos, tan solo por un instante que algo así hubiera sucedido en Colombia. Que una persona sin ningún vínculo o impedimento, que realmente no tiene nada que perder para enfrentarse con estructuras criminales internacionales que afectan a casi toda Latinoamérica de relación hubiera sido nombrada. Que un equipo especializado de funcionarios y Policías Judiciales se hubiera dedicado exclusivamente al caso Odebrecht y que, sin necesidad de tanta parafernalia y medios, el Fiscal se hubiera retirado de la investigación por encontrarse inhabilitado. 

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¿Qué hubiera pasado?, ¿Habrían descubierto algo más grande?, ¿Qué otro político o funcionario estaría untado por los dineros de la compañía internacional brasilera? Hoy estos interrogantes quedan en la memoria colectiva de algunos, tan solo esperemos que la justicia salga a flote, aunque por ahora, nos quedemos con dos fiscales, el impedido y el inexperto para enfrentar el escándalo… ¿Alguna vez haremos las cosas bien?

 

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[1]Agencia AFP. Corte Constitucional anula decisión de Jimmy Morales de suspender CICIG en Guatemala. 9 de enero de 2019.