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La inminente reforma al Sistema de Salud
¿Qué va a pasar con el
sistema de salud?
En el congreso de la república hay 4 proyectos de ley, conozca qué dice cada uno y cómo se diferencian.
Fuente: Portafolio
Por: Julián Echeverry-Guerra y Nicolas Montenegro
Uno de los temas más polémicos del gobierno de Gustavo Petro ha sido su relación con el sistema de salud y los actores que lo conforman. Desde su campaña, una de sus banderas fue un cambio a la esencia del modelo actual para, según el gobierno, la capitalización de la vida humana y asegurar una cobertura nacional. En un principio, la entonces ministra de salud presentó una reforma al Congreso con más de 150 artículos, en el que, entre muchas otras cosas, transformaba la figura de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) hacia Centros de Atención Primaria Integral y Resolutiva en Salud (CAPIRS).
Esta propuesta fue debatida en el congreso, donde no pasó los debates necesarios y falló en convertirse en ley. Sin embargo, desde ese momento han sido constantes los titulares sobre EPS intervenidas o que han pedido el retiro del mercado, lo que ha afectado a miles de usuarios, acentuando más los problemas estructurales del sistema. Y es que, independientemente del lente moral y político con el que se mire el asunto, es innegable que existen falencias que requieren inmediata atención en el sector salud.
En primer lugar, existe una marcada desigualdad en el acceso a los servicios de salud entre diferentes regiones. Principalmente, con las zonas rurales y apartadas enfrentando mayores dificultades en cobertura y calidad. Además, el sistema enfrenta serias dificultades en su sostenibilidad financiera, debido a deudas acumuladas entre hospitales y aseguradoras, lo que ha provocado que muchos prestadores de servicios operen con déficit, afectando así la calidad de la atención. Otro problema es la deficiencia en la atención primaria, que debería ser la puerta de entrada al sistema de salud, pero que actualmente no es robusta, lo que genera una sobrecarga en los servicios de urgencias y en la atención especializada. A esto se suma la corrupción y la mala gestión dentro del sistema, con casos de desvío de recursos y facturación falsa que agravan las dificultades financieras y de acceso. Finalmente, la fragmentación del sistema, donde múltiples actores no siempre cooperan de manera efectiva, genera duplicidades, ineficiencias y una falta de coordinación en la atención, lo cual impacta negativamente a los pacientes.
Todos estos problemas subrayan la necesidad de una reforma para mejorar la prestación de servicios de salud en el país; el problema recae en cómo hacerla. Cómo era de esperarse, diferentes sectores tienen diferentes puntos de vista sobre el asunto, lo que explica que
en las últimas semanas hayan surgido cuatro proyectos de ley de reforma. Uno de estos es impulsado por el gobierno, mientras que los otros tres provienen de diferentes partidos y coaliciones que buscan modificar o reemplazar la propuesta original. El dilema del congreso en las próximas semanas será combinar estos cuatro proyectos en una sola reforma de no más de 50 artículos. Desde Foro Javeriano, decidimos hacer una comparación de los principales puntos que cada proyecto propone, para entender cómo está el panorama en el congreso:
1. Las EPS:
Existe un punto de coincidencia y divergencia entre el gobierno y partidos independientes en cuanto a la reforma de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Ambos grupos coinciden en la idea de transformar las EPS en gestoras de salud en un plazo de dos años, pero difieren en sus funciones.
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Partidos independientes: proponen que las gestoras mantengan la gestión administrativa y la administración del riesgo financiero, pero el Estado sería el responsable final del riesgo financiero a través de la ADRES, que es el único pagador. Sin embargo, no es claro cuánto ganarían las gestoras por su trabajo en este esquema. En el sistema actual, las EPS reciben un monto fijo del Estado (UPC) para cubrir la salud de sus afiliados, y asumen el riesgo financiero si los gastos superan ese monto.
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Gobierno: las EPS transformadas seguirían gestionando, pero la ADRES pagaría directamente, y el gobierno asumiría cualquier costo excedente. Las gestoras recibirían un 5% del valor de la UPC por cada afiliado y un 3% adicional si cumplen con altos estándares de calidad, lo que podría beneficiar económicamente a las entidades privadas.
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Cambio Radical y Centro Democrático: prefieren mantener el sistema actual sin transformar ni eliminar las EPS, defendiendo la participación del sector privado en la salud.
2. La gobernanza del sistema:
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Gobierno: Propone un Consejo Nacional de Salud compuesto por seis representantes del gobierno, incluyendo a varios ministros y un representante de los gobiernos territoriales. Este consejo sería presidido por el ministro de Salud.
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Partidos independientes: Sugieren un consejo más amplio con 15 miembros, combinando representantes del gobierno y del sector privado, incluyendo a organizaciones de salud, trabajadores, pacientes, y grupos étnicos. El presidente de la República o su delegado presidiría el consejo.
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Cambio Radical: También apoya la creación de un consejo con 15 miembros, pero lo define como un organismo asesor del Ministerio de Salud. A diferencia de los independientes, no incluye al presidente de la República, sino a un delegado de los proveedores de servicios de salud.
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Centro Democrático: No menciona la creación de un consejo de gobernanza del sistema de salud.
3. La Unidad de Pago por Capitación:
Es el monto que se paga por cada colombiano afiliado al sistema de salud. Las cuatro propuestas de reforma presentan diferentes enfoques para definir su valor anual:
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Gobierno: Propone que la UPC se defina mediante estudios técnicos considerando factores como edad, sexo, ubicación geográfica, y condiciones epidemiológicas y socioeconómicas. El Ministerio de Salud tomaría la decisión final basándose en recomendaciones de organismos consultivos.
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Partidos independientes: Quieren que los estudios para calcular la UPC sean independientes del gobierno y que incluyan factores adicionales como la distribución de patologías de alto costo. Proponen que la decisión la tome el Consejo Nacional de Salud, un organismo con representantes de diversos sectores.
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Centro Democrático: Propone que la UPC se ajuste anualmente al nivel de la inflación si el Ministerio no aprueba un incremento a fin de año.
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Cambio Radical: Sugiere que la UPC se defina en conjunto por los Ministerios de Salud y Hacienda, con un componente fijo basado en estudios actuariales y un componente variable basado en incentivos por la gestión de las EPS.
4. Giro directo:
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Gobierno: La ADRES será el pagador único para el sistema de salud y asumirá los pagos y efectuará giros directos a prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud, tanto públicos como privados.
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Partidos independientes: También proponen a la ADRES como pagador único, pero sugieren una implementación progresiva, con una reglamentación posterior a realizarse en un plazo de dos años. Durante este periodo, el Ministerio de Salud determinará cómo se implementará el giro directo para todas las entidades.
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Cambio Radical: Permiten el giro directo, pero solo hasta un 90% de los recursos destinados a los prestadores de servicios.
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Centro Democrático: El giro directo solo se aplicará a las EPS que no cumplan con las normas de habilitación financiera, que estén bajo medidas de vigilancia especial, intervenidas o en liquidación. Las EPS que sí cumplan con sus funciones podrán seguir manejando el dinero de manera autónoma.
5. Manejo de las deudas actuales del sistema:
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Gobierno: Las deudas de las EPS liquidadas con las Empresas Sociales del Estado serán pagadas gradualmente utilizando vigencias futuras y se garantizará el pago al personal de salud adeudado, pero no se menciona un término límite para el pago de las deudas.
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Partidos independientes: Fijan un plazo máximo de tres años para saldar las deudas con cargo al presupuesto público. Las deudas con los trabajadores de la salud se podrán convertir en créditos de primer orden, independientemente de su origen contractual.
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Cambio Radical: Busca crear un fondo de garantías para liberar recursos y evitar la liquidación de las EPS. E Introducir la reglamentación de leyes de insolvencia o quiebra para los actores del sistema de salud, proporcionando liquidez antes de una crisis.
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Centro Democrático: No se menciona una propuesta específica en el texto proporcionado, pero se destaca el interés en debatir sobre el velo corporativo de las EPS y la responsabilidad de los dueños reales de las instituciones con deudas millonarias.
Responder la pregunta es complicado, quizás irresponsable, pero no es alocado afirmar que estamos frente al primer cambio importante que tiene el sistema desde su constitución en 1993. Los cuatro proyectos de ley representan intereses opuestos, desde el intento de matizar una modificación radical, hasta la aversión completa al cambio, pasando por el tímido y complaciente intento de mediar en la mitad. Y es que, parece que después de meses de presiones ejercidas por cada parte, el gobierno y los grandes grupos económicos recordar el viejo refrán empresarial de que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito; y se sentarán a negociar en el mayor escenario nacional posible: el Congreso de la República.
Por lo pronto, queda observar los debates en el congreso y el texto final al que se llegue. ¿Y usted, a quién le hace barra?