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Un Nuevo Rumbo: La Ley Cero Marcas y su Impacto en la Identidad Gubernamental
El pasado mes de enero del presente año entró en vigencia la ley 2345 de 2023 o mejor conocida como “Ley Chao Marcas de Gobierno”
Fuente: Pexels
Por: Milton Camilo Chávez Mendoza
En la convulsa arena política colombiana, la reciente aprobación de la Ley Cero Marcas ha desencadenado un cambio significativo en la manera en que las entidades gubernamentales se relacionan con la sociedad y gestionan sus recursos publicitarios. Esta medida, gestada por los representantes Cristian Avendaño y Carolina Giraldo, y sancionada por el presidente Gustavo Petro, apunta a redefinir la identidad visual de las instituciones gubernamentales y a aplicar criterios de austeridad en el gasto publicitario. Asimismo, la proscripción de las marcas gubernamentales se sustenta tanto desde una óptica económica como en virtud de su significancia emblemática, particularmente en un contexto como el de nuestro país, caracterizado por la preeminencia de atributos caudillistas.
La esencia de la Ley Cero Marcas radica en la prohibición de promover el nombre, la marca o el eslogan del mandatario de turno en cualquier tipo de comunicación oficial. Esto implica un cambio radical en la forma en que las instituciones gubernamentales se presentan ante la ciudadanía, es decir, eliminar del colectivo social frases tales como “Colombia Potencial Mundial de la Vida”, “Todos por un Nuevo País”, “El futuro es de todos” o "Bogotá Humana"; la identidad de las entidades territoriales debe trascender los ciclos electorales y las agendas personales de los gobernantes.
La medida también establece directrices claras sobre la promoción de las ciudades, municipios y empresas públicas. Si bien se prohíbe la autopromoción de los funcionarios y la imposición de mensajes políticos en la publicidad estatal, se reconoce la importancia de promover los destinos turísticos y los servicios públicos esenciales. Esta disposición garantiza que la inversión publicitaria se oriente hacia el bienestar colectivo y no hacia intereses partidistas o personales. Es importante destacar que la Ley Cero Marcas no se limita al ámbito nacional; su alcance se extiende a todas las entidades estatales, desde los gobiernos regionales hasta las corporaciones legislativas y judiciales. Este amplio espectro refleja un consenso poco común en la política colombiana, evidenciando la urgencia de reformas que fortalezcan la transparencia y la eficiencia en la gestión pública.
El impacto económico de esta legislación es significativo. Se estima que la prohibición de marcas de gobierno podría ahorrar al Estado colombiano cerca de $2.4 billones en publicidad. Esta cifra, aunque impresionante, es solo una parte del valor simbólico que representa la Ley Cero Marcas. Al desligar la identidad gubernamental de los nombres y apellidos de los gobernantes, se promueve una visión más colectiva y perdurable de la gestión pública. La implementación de la Ley Cero Marcas no estará exenta de desafíos. El período de transición requerirá un esfuerzo coordinado entre las autoridades y la sociedad civil para definir las nuevas marcas de ciudad y garantizar su aceptación y legitimidad. Es un proceso que debe fundamentarse en el consenso y la participación ciudadana, reconociendo que las entidades territoriales trascienden los ciclos electorales y las agendas políticas individuales.
La ley en cuestión establece medidas que unifican la imagen de las entidades estatales a través de la implementación del Manual de Identidad Visual. El Manual de Identidad Visual, que deberá ser adoptado por todas las entidades estatales en los próximos seis meses, establece pautas claras sobre la identidad institucional, el color institucional, las vocerías y cuentas institucionales, y las aplicaciones visuales a utilizar en la publicidad y otros ámbitos. Se prohíbe categóricamente cualquier uso o implementación de marca de gobierno, asegurando la neutralidad política y religiosa en la imagen institucional. En el ámbito nacional, se establece el uso obligatorio del Escudo de Armas de la República de Colombia como logotipo, acompañado del nombre de la entidad correspondiente. Por su parte, en el orden territorial, se deberá emplear el escudo o la bandera que corresponda a cada ente territorial, preservando su valor histórico y cultural. Se permite excepcionalmente el uso de un logotipo distinto, siempre y cuando se justifique su apropiación cultural e histórica. El Manual de Identidad Visual también prohíbe cualquier alusión a partidos políticos, movimientos ciudadanos o personalidades políticas. Se evita cualquier referencia a los planes de gobierno, desarrollo o acción del gobierno o dirección administrativa correspondiente. Esta disposición busca preservar la imparcialidad y la neutralidad de las instituciones estatales en su comunicación visual con la ciudadanía.
La "Ley Chao Marcas de Gobierno" representa un paso importante hacia la estandarización y la transparencia en la presentación visual de las entidades estatales colombianas. Al promover la cohesión y la neutralidad en la identidad institucional, esta legislación sienta las bases para una gestión pública más eficiente y orientada hacia las necesidades reales de la sociedad.