EN EL HUECO
La red de jueces en Colombia
¿Por qué hacen falta jueces en Colombia?
En Colombia existe la constante discusión respecto de la falta de jueces, como precedente de la congestión el sistema judicial. Sin embargo, hay que analizar un contexto histórico y actual importante, con el fin de proyectar y proponer lo mejor para el futuro de la justicia local.
Fuente: Pexels
Por: Nicolás Pombo Sinisterra
Ya son varios años y momentos en que se discute la necesidad de ampliar la red de jueces en Colombia, para descongestionar el sistema judicial. Sin embargo, es evidente que no se ha logrado el cometido, aun cuando se han aplicado incitativas de distinta índole. Dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que en el mundo debería haber 65 jueces por cada 100.00 habitantes y en Colombia contemos con 11, una cifra alarmante que debe ser tomada con mayor cautela y atención. Por otro lado, un sustancioso porcentaje del57% (según informe del Departamento Nacional de Planeación y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) de la ciudadanía no se siente identificada, protegida y confiada respecto de la justicia interna. Lo anterior una realidad que amerita ser estudiada. Trataré el tema comentando lo que creo pertinente para alcanzar el sistema judicial que todos, como colombianos queremos.
Así las cosas, iniciaré hablando de la figura del juez en Colombia desde un punto de vista histórico, aunque reciente, pues encuentro en la contemporaneidad la falla y las razones que nos mantienen alejados de este importante rol. Posteriormente, comentaré lo que para mí ha sido el error en el que incurrimos como sociedad, desde la organización de la administración pública y desde las universidades. Y, en tercer lugar, llegaré a unas conclusiones y proposiciones de lo que considero nos pueden alejar del vacío o del colapso judicial.
En primer lugar, podemos decir que para los años 60 y 70, Colombia era uno de los países de la región que más buscaba ampliar y mejorar su sistema judicial. Veníamos de la creación de tres distintas e importantes Salas de Casación en la Corte Suprema de Justicia, pues en el año 1964 por vía de Decreto se incorporaron la Sala de Casación Civil, la Sala de Casación Penal y la Sala de Casación Laboral, desarrollando lo que era el artículo 217 de la Constitución Política vigente (Decreto 528 de 1964). Colombia contaba con una cultura jurídica robusta, pues eran los ilustres y más preparados abogados, los que accedían al honor de ser jueces de la República, dado su conocimiento de los problemas de la sociedad y de la efectiva resolución de conflictos. Sin embargo, como es bien sabido, en los años 80 y a raíz de la guerra entre el Estado y el narcotráfico, la justicia en Colombia entró en una crisis que, al día de hoy, sigue padeciendo/sufriendo sus consecuencias. Los jueces eran constantemente perseguidos, amenazados y muchos de ellos asesinados. Estos acontecimientos de violencia llegaron al punto de tener que ocultar la identidad de los sentenciadores para que estos pudiesen juzgar. Del decadente y lamentable escenario anterior, nace lo que se conoció como los “jueces sin rostro” quienes fueron los que marcaron un antes y un después en la justicia interna;, pues por más muertes o pánico que hubiera, honraron su profesión ante el momento más difícil en la historia de nuestra nación. Sin embargo, estos episodios condujeron a un vacío insaneable en el sistema judicial. El miedo de ser juez en un país como el nuestro persiste hasta la actualidad, creando y ampliando penumbras y decreciendo la cultura con que se venía obrando.
Por otro lado, en un contexto reciente, (aunque ya nadie esté dispuesto a hablar, leer o escribir sobre aquello) la pandemia del año 2020 considero que trajo serias consecuencias respecto de las actuaciones judiciales a lo largo del mundo y particularmente en Colombia. Esto no lo digo desde un punto de vista jurídico sino tal vez sociológico, pues nos encontramos con falencias graves en la conducta de muchos administradores de justicia. Vimos audiencias con jueces en pijama, en la cama, teniendo relaciones sexuales o incluso consumiendo sustancias proscritas por la ley. Lo anterior, se entiende como un rompimiento entre la justicia y la sociedad, pues luego de que tuvieran lugar estos bochornosos eventos que arrebataron la seriedad, el compromiso y la admiración hacia la carrera judicial, trayendo consigo resultados negativos para la sociedad.
En segundo lugar, creo pertinente comentar acerca de lo que he podido estudiar en materia de posibles y eventuales errores en que se ha incurrido respecto de nuestra organización judicial. La Administración Pública ha desarrollado iniciativas en los últimos años para mejorar la rama jurisdiccional. Proyectos como los despachos de descongestión judicial entre otros, han sido de utilidad, aunque no con eficacia plena. Los jueces de descongestión son llamados a cumplir con sus funciones jurisdiccionales por un tiempo corto, incluso por un número de casos o temas específicos. Esto genera como consecuencia que los jueces luego de cumplir con sus tareas sean dejados a la deriva, pues pareciera que tuviesen un contrato por obra/labor con el Estado, lo que, a mi juicio, solo genera inestabilidad laboral y más congestión en el sistema judicial.
Por otro lado, las universidades, aunque han de cumplir a rajatabla con sus funciones pedagógicas y cada día tenemos mejores abogados en el país, considero que se ha cometido un error respecto de la imagen que se proyecta de la carrera judicial. Los estudiantes hoy somos educados de manera ajena a la figura del juez. Cuando antes era un honor poder pertenecer al grupo de ilustres que juzgaban, hoy nos dicen que la élite jurídica de Colombia no es más que el reflejo de una élite social y corrupta capaz de acceder a los cargos de las altas Cortes. Evidentemente, dentro de los estudiantes y académicos, solo crece el resentimiento, la idea del juez como el enemigo que acolita y vive de la corrupción.
Finalmente, haré un comentario acerca de lo que yo como estudiante, ciudadano y futuro abogado considero necesario para descongestionar el sistema judicial y empoderar la idea de ser administrador de justicia en un país tan complejo como el nuestro. Esto, sin pensar en una peligrosa reforma a la justicia, como se ha venido proponiendo en el Congreso de la República.
Si analizamos que una de las posibles, eventuales y grandes fallas es la educación en las universidades, creo necesario hacer un llamado a las casas de estudio a lo largo y ancho del país a cambiar la percepción de la figura del juez, por una amigable, competente y justa. Por otro lado, al Consejo Superior de la Judicatura dentro de sus funciones de velar por la administración de justicia, debería considerarse las consecuencias que se le han impuesto a los jueces vulgares que han sido descubiertos fuera de lugar estando en audiencias y obrando en nombre de la República de Colombia. Esto privándolos de la tarjeta profesional y de la posibilidad de ejercer como jueces o abogados en el futuro.
En tercer lugar, es evidente que el mundo no cesa su evolución. Por ende, para descongestionar el sistema judicial sugiero usar los demás mecanismos de resolución de conflictos que como ciudadanos tenemos a nuestro alcance. Mecanismos como la conciliación o el arbitraje, en pro de evitar que todas las controversias lleguen a un juez o a un proceso ordinario tardado y complejo como es usual.
Finalmente, y en miras de la justicia ordinaria, es indiscutible lo tedioso y demorado que puede llegar a resultar un proceso en Colombia. Con mucho humor, decía el Dr. Francisco Reyes Villamizar que “la vida útil de un abogado en Colombia son dos procesos ordinarios”. Entonces debe ser imperativo acelerar los procesos jurisdiccionales sin llegar a poner en riesgo la seguridad jurídica ni la eficacia de estos, pues de la efectividad depende la fortaleza de la Ley. En nuestra nación, se promedia la emisión de un fallo 1.288 días después de iniciado el proceso, lo cual ubica a nuestro ordenamiento jurídico en una posición particularmente cuestionable en materia de justicia (Puesto 70 entre 128 naciones según World Justice Project 2020). Por ello, erradicar las formalidades que existen en nuestro sistema, sobre todo en materia procesal, como la larga identificación de las partes y sus apoderados o, por otro lado, la ausencia de conflictos de interés sería el primer paso para volver a una justicia seria, eficaz y confiable.
El futuro jurídico de Colombia está en nuestras manos, y depende exclusivamente de nosotros, sus ciudadanos, el ser una nación dotada de justicia efectiva y segura para con la sociedad y el mundo, quien no deja de observar.