FORO JAVERIANO

La violencia en Colombia no es un fenómeno nuevo. Su evolución y propagación se ha convertido en una plaga que ha tergiversado la esencia misma de nuestro Gobierno. En ese proceso, una de las instituciones más importantes, fruto de las intenciones del gobierno y aquellos grupos armados dispuestos a deponer las armas y reinsertarse a la vida democrática, ha dado un nuevo paso en su misión pacificadora. Por medio de la apertura del caso 09 de delitos territoriales étnicos, la Jurisdicción Especial para la Paz, en su Sala de Reconocimiento de la Verdad, ha decidido realizar una nueva serie de investigaciones por crímenes cometidos tanto por miembros activos de la fuerza pública, como por integrantes de las FARC-EP.

 

Este proceso es fruto de las demandas realizadas por aquellas víctimas del conflicto sometidas y silenciadas, miembros de las diversas comunidades étnicas Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras e Indígenas, a lo ancho y largo del territorio nacional, las cuales se habían pronunciado ante la Jurisdicción Especial por motivo de los constantes actos de discriminación, racismo e injusticias sufridas durante el conflicto armado. acentuado durante años a la erradicación inquebrantable de las tradiciones culturales, espirituales y religiosas de las mismas.

 

Los pueblos étnicos y sus territorios

 

No existe relación más pura y viva que aquella de los pueblos con su tierra; su existencia, la esencia pura de sus culturas y costumbres se enlazan con aquel territorio en el que han vivido durante generaciones. Esta relación intrínseca entre las comunidades y sus tierras corresponde al argumento primario de la Sala de Reconocimiento de la JEP como elemento justo al estudio de los fenómenos de violencia indiscriminada, expropiación forzosa y exterminio cultural que corresponderá a la subcomisión de investigación.

 

Se destaca de ella los amplios efectos sobre las comunidades étnicas en materia de exilio territorial y la falta de una política pública clara en el marco del proceso de paz firmado por el gobierno nacional y las FARC. Frente a esta problemática se han registrado más de 976 informes entregados a la Sala de Reconocimiento, de los cuales 435 corresponden a procesos arbitrarios contra comunidades étnicas y otros 177 que serán destinados al estudio de temas de desaparición forzada, reclutamiento a menores, producción y cultivo de narcóticos en territorios protegidos por el Estado, crímenes de lesa humanidad, entre otros. Esta última, entrará a revisión por el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) y, después, serán llevados a Sala de Reconocimiento.

 

Un informe digno para la Nación y las víctimas

 

Uno de los primeros resultados y quizá el más importante del proceso de reconocimiento y acción por parte de la Jurisdicción Especial, corresponde a la elaboración del informe final frente a los hechos ocurridos durante el conflicto, indagando frente a las causas directas como la magnitud en el ámbito poblacional, económico, político y ambiental del conflicto armado. De igual forma, la elaboración de un Plan Nacional de Restitución, Justicia y No Repetición a la Violencia contra las Comunidades Étnicas, las cuales se ven amparadas en los artículos séptimo y octavo de la Constitución Política de Colombia, estableciendo que: Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

 

Con miras a la no repetición de la violencia étnica en Colombia, la JEP deberá plantear dos cuestiones clave a los actores del conflicto. La primera corresponde a los actores ajenos a la institución y plantea la duda de la vía armada como camino eficaz hacia la transformación sociopolítica de la nación, y que, por tanto, tiene mayor sentido reincorporarse a la vida institucional para la defensa de sus ideas, el desarrollo de una justicia integral y la imposición de restituciones, sentencias, y acompañamiento a las víctimas del conflicto.

 

La segunda cuestión, debe considerar al Estado, que en ese proceso de esclarecimiento de los hechos, de justicia absoluta y compensación a las víctimas deberá ofrecer garantías en los procesos judiciales, formulando nuevas medidas legales que logren interpretar y reconocer a las víctimas como actores aun carentes de una protección verdadera del Estado; al Gobierno como institución aún deficiente en los procesos de justicia hacia la paz y, en algunos casos, como actor indirecto de violencia y arbitrariedad en varias regiones del país, y finalmente, a los grupos armados como actores que en calidad de los hechos, deberán ser procesados, condenados y reintegrados a la vida civil con el apoyo del Gobierno Nacional.

 

 

Un estudio sobre los patrones de macrocriminalidad

 

Uno de los medios por los que la JEP profundiza en la investigación contra crímenes hacia comunidades étnicas corresponde al denominado “patrón de macrocriminalidad” el cual plantea dos hipótesis frente a los hechos cometidos durante el conflicto.

 

Su primera teoría considera que una de las estrategias por aquellos grupos armados concentró un ataque estructural a las organizaciones e infraestructura comercial de dichas comunidades, debilitando su autonomía y su desarrollo económico, haciéndolas más susceptibles a la expropiación de sus terrenos y detrimento de su entorno natural. Su segunda hipótesis considera que existieron alianzas entre miembros de la fuerza pública y los grupos armados, realizando labores de vigilancia y observación a estas comunidades, permitiendo el ejercicio de actos de discriminación e intimidación de forma progresiva.

 

Ante la presentación de estas hipótesis, el magistrado y abogado Eduardo Cifuentes, director de la JEP y líder de este proceso, aseguró que “Vamos, en nombre de la humanidad, a brindar justicia a estos pueblos”. Con casi 1.3 millones de víctimas documentadas desde 1963 hasta la actualidad la labor de la Comisión de la Verdad tendrá en sus manos la ardua tarea de aclarar la dura realidad que ha vivido Colombia por más de cuatro décadas, proporcionando un parte de justicia no solo a las familias de las víctimas, sino que también sentará un precedente histórico hacia la construcción de una paz verdadera en todo el territorio nacional gracias al esfuerzo de la Comisión de la Verdad y su labor investigativa.

 

Algunas consideraciones finales

 

Hemos llegado a un capítulo de nuestra historia donde se ha demostrado la superioridad de la verdad frente a la arrogancia. Con sentido de humildad y reflexión, la decisión de las JEP en abrir una investigación completa e imparcial frente a más de cinco décadas de crímenes e injusticias cometidas contra las comunidades étnicas colombianas demuestra el profundo contenido político y social para trascender hacia la verdad. Es un proceso difícil, pero también apasionante y necesario para jamás olvidar este periodo de nuestra historia, para comprometernos con un mejor mañana, con el inexorable compromiso de ambos bandos.

 

Esclarecimiento y justicia serán los pilares de este nuevo proceso, pues la paz es inevitable cuando la guerra ha agotado hasta al último de los combatientes. Vincular la paz a nuestra realidad va más allá de los temas socioeconómicos de nuestro país, permitirá el desarrollo para toda una nueva generación de las lecciones de un siglo de sangre y fuego en un país que necesita más que nunca la verdad.

 

Los obstáculos son considerables, pues una verdad absoluta del conflicto no traspasa un simple ideal imaginario de la conciencia colectiva. Sin embargo, el simple acto de dar voz a las víctimas de este proceso y ejercer verdadera justicia permitirá la creación de una nueva actitud de organización social e institucional que con esperanza y solidaridad permitirá a miles de colombianos, sin importar su origen o sus creencias, que han desertado de sus deberes por la falta de un Estado verdadero en las regiones más alejadas, la posibilidad de comprender la naturaleza del conflicto y las lecciones del mismo.

 

Quisiera concluir con un extracto del epílogo de la obra del sociólogo colombiano Orlando Flas Borda titulada “La Violencia en Colombia” el cual en 1962 proporcionó la siguiente perspectiva de la paz ante el conflicto:

 

“A pesar de todo, la lucha y los sufrimien­tos han ido conformando un país nuevo de ca­racterísticas aún indeterminadas, pero que está dejando atrás la escala de valores sacro-tradicionales’ y la estructura ‘cerrada’ de la colonia. La aceleración de los contactos entre el campo y la ciudad, las invasiones locales de extragrupos y las migraciones internas (sin mencionar los procesos inducidos por el con­tacto cultural y la transculturación) han pues­to quizás las bases para una Nación más inte­grada, una vez superado el peligro de disolu­ción”.