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OPINIÓN

El dilema de una marcha 

Entre la Reivindicación de Derechos y la Vulneración de la Libertad de Prensa 

La libertad de prensa se ve violada por grupos indígenas que no están de acuerdo con las ideologías e informes realizados por algunas casas periodísticas; el problema es que no solo se les vulnera el derecho a ellos, sino el de todos los colombianos a informarse.  

Por: Juan José Osorio Quintero 

Gran parte de la población colombiana ha asociado a la palabra “minga” simplemente con los indígenas que vienen marchando desde sus recónditos territorios hasta la capital para reclamarle a los gobiernos, ya sea de derechas o izquierdas, exigencias en materia derechos territoriales, ambientales y de seguridad. La realidad es que la palabra “minga” proviene del quechua (lengua originaria de los andes peruanos) “minka”, palabra que hace alusión al trabajo comunitario en beneficio del bien común y el buen vivir de la sociedad. Sin embargo, esas manifestaciones a menudo transgreden el derecho fundamental a la protesta y se convierten en batallas entre la fuerza pública y las comunidades indígenas, los unos en pro de su deber constitucional de preservar el orden público y los otros reclamando derechos que en ocasiones les son vulnerados, alejándose en muchas ocasiones del trabajo en beneficio del bien común.  

Finalizando el mes de septiembre, el presidente de la república convocó marchas masivas para expresar el apoyo a las reformas políticas planteadas por su gobierno, a las cuales acudieron cientos de indígenas que se desplazaron en chivas desde sus territorios para tal fin. Durante las protestas, decenas de manifestantes indígenas se aglomeraron en inmediaciones de la sede de la revista Semana y al unísono le gritaban a la periodista Vicky Dávila que dejara de mentirle al país. Mas tarde, rompieron vidrios de las ventanas del edificio y entraron a la fuerza agrediendo al personal de seguridad de la revista. Cabe mencionar que las reclamaciones no solo fueron hechas contra la revista Semana sino también contra otras casas periodísticas que a juicio de los indígenas “Solamente sirven a los más poderosos.” A todas luces la contradicción es evidente, concomitantemente, estos grupos luchan por la reivindicación de sus derechos mientras vulneran los derechos de otro como medio de lucha y consecución de sus objetivos.  

Ciertamente vivimos en un país con las mayores tasas de desigualdad en términos económicos y de oportunidades de desarrollo social. Las comunidades campesinas, indígenas, afroamericanas, raizales, palanqueras, entre otras, son uno de los principales focos de esas desigualdades que recrudecen su condición vital. Por tal motivo, es frecuente que acudan a Bogotá a hacer plantones y marchas como signo de protesta a sus necesidades. Si el lector acude en cualquier día laboral a la Plaza de Bolívar de Bogotá, con la mayor seguridad encontrará alguna comunidad protestando ya sea frente al Palacio de Justicia o el Capitolio Nacional. Sin embargo, esas comunidades en ningún momento deberían ser usadas con fines políticos para legitimar un gobierno y sus intereses políticos, ni tampoco se deben convertir en la materialización de la vulneración de otros derechos como la libertad de locomoción o el que le atañe al presente artículo; la libertad de prensa. 

La importancia de las casas periodísticas e informativas en el país es sumamente importante, no solo para dar a conocer e informar a la población de los diferentes panoramas, realidades y sucesos nacionales e internacionales, sino para auditar, investigar y encarar a los funcionarios públicos, su gestión y políticas en todos los rincones del país. La censura de los medios de comunicación es un rasgo típico y común dentro de las dictaduras, sucedió en Colombia durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) o en el acenso de Hugo Chávez en Venezuela, cuando en 2007 ordenó el cierre de Radio Caracas Televisión. Y, si bien en Colombia no nos encontramos en una dictadura, seguramente debido a la separación de poderes y la fortaleza de las instituciones, es de extrema gravedad que, precisamente aquellos manifestantes que supuestamente fueron a Bogotá a apoyar las reformas impulsadas por el gobierno nacional, sean los que de forma deliberada atacaron las instituciones periodísticas poniendo en riesgo la libertad informativa y la prensa nacional.   

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