FORO JAVERIANO

Luego de concluida una de las contiendas electorales más tensionantes que ha podido vivir el país en la última década, quedan una serie de cuestionamientos sobre cuál será el rumbo que tomará Colombia en los siguientes cuatro años. Sin lugar a duda, uno de los elementos más importantes durante la nueva administración del presidente electo Gustavo Petro, que entrará en vigor a partir del próximo 7 de agosto, es la vicepresidenta Francia Márquez y su gabinete. Los cuales tendrán la responsabilidad de proteger, promover, defender y garantizar los derechos, que por mucho tiempo, se les han vetado a los ciudadanos de las zonas más recónditas del territorio nacional.  

Uno de los desafíos más grandes a los que se enfrentará la administración entrante es lograr marcar verdaderamente esa diferencia con el gobierno saliente, que claramente demostró carecer de sensibilidades, si de temas sociales se trataban al respecto. Este propósito es loable, digno del apoyo del Estado y de la buena voluntad de todas las ramas e instituciones del poder público y de los partidos políticos. Ante lo ocurrido en los últimos años, Colombia ya no es considerada una república respetable, ni modelo de nación, que lucha por el cumplimiento de las normas básicas nacionales e internacionales. Por esta razón, es imprescindible situar este tema en la vanguardia de la política oficial, para definir claramente un estado social y democrático de derecho que busque lograr un orden justo, razonable, igualitario, equitativo y participativo; y que no se quede en la buena voluntad o simple propaganda política. 

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Este objetivo debe reflejarse en actividades permanentes encaminadas a hacer efectivos los derechos y garantías fundamentales, establecidos por el ordenamiento jurídico; así como en la difusión y educación comunitaria permanentes para producir una cultura plena -que tanto requerimos-; con el fin de que se respete verdaderamente la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales. Asimismo, se debe buscar promover las prácticas democráticas para aprender los principios y valores del compromiso cívico. Para lograr esto, se debe tomar como referente a los lineamientos establecidos por la Constitución Política, los bloques constitucionales, los tratados internacionales de derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana. 

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Garantizar y defender los derechos es parte de la propuesta de campaña del hoy presidente electo, y debe ser una prioridad en la agenda oficial del gobierno. Especialmente por la innegable historia de las atrocidades, los asesinatos y crímenes cotidianos que han caracterizado a nuestro país a lo largo de los años. Sin embargo, recordemos que el Jefe de Estado, después de tomar posesión del cargo, deberá asumir un compromiso separado de conformidad, con lo dispuesto en el artículo 188 de la Constitución: “El Presidente de la República, que simboliza la unidad de la patria, jura por la Constitución y las leyes, obligado a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. 

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Esperemos que, después del 7 de agosto, el gobierno de las manos callosas, de “los nadies y las nadies” siga centrando su atención primordialmente en aquellos que depositaron su confianza e ilusiones en las urnas; que sea un imperativo inevitable asumir el compromiso con los más de trece millones de colombianos, de manera clara y transparente, con responsabilidad.