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CONSTRUCTIVAS

Verde por fuera, capitalista por dentro

A propósito de la próxima COP-16 en Cali

Colombia se prepara para la COP-16 en Cali, bajo la promesa de un futuro sostenible. Sin embargo, tras las políticas implementadas, surge una inquietud: ¿realmente estamos avanzando hacia la protección de la biodiversidad o estamos perpetuando desigualdades bajo el manto del capitalismo verde? ​

Fuente: Pexels

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Por: Valentina Ortega Prieto

Un fantasma recorre las sociedades mundiales: el fantasma del capitalismo verde. Este término describe una estrategia que intenta fusionar la acumulación monetaria con la recuperación de ecosistemas deteriorados, evocando el espectro mencionado en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Sin embargo, a diferencia de la claridad revolucionaria de aquel manifiesto, el capitalismo verde oculta sus verdaderos intereses bajo una fachada de sostenibilidad, diluyendo la urgencia de enfrentar la pérdida de biodiversidad. 

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Colombia, reconocida por su rica biodiversidad, se prepara para acoger la COP-16 en Cali, marcando un hito tras la COP-15 en Montreal, donde se establecieron 23 metas para 2030. El país ha avanzado significativamente hacia la meta de proteger el 30% de su territorio terrestre y marino para esa fecha, con aproximadamente el 24% bajo alguna forma de protección. Además, se han implementado prohibiciones a la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, deteniendo proyectos piloto de fracking y desarrollo de yacimientos costa afuera (Ministerio de Ambiente, 2024). Pero ¿cómo lo ha conseguido? 

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El Green New Deal: ¿Solución o Espejismo? 

Años atrás, el concepto del “Green New Deal”, popularizado por Thomas Friedman en 2007 y adoptado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en 2012, proponía revitalizar la economía a través de energías sostenibles, presentando una oportunidad para el crecimiento empresarial al representar una respuesta a la crisis climática mediante la construcción de una “economía verde”. 

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Actualmente, en el contexto de la preparación para la COP-16 en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha reforzado este enfoque al proponer una estrategia de transición hacia una economía descarbonizada. Lo cual implica, en palabras del mandatario, el establecimiento de una alianza entre el capital y la naturaleza para asegurar la sostenibilidad y aprovechar el amplio potencial de América Latina en la generación de energía limpia, dirigiendo los recursos financieros hacia “inversiones verdes” (Cancillería, 2024). 

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Sin embargo, críticos como Breno Bringel y Maristella Svampa (2023) argumentan que este enfoque perpetúa la privatización de bienes comunes y exacerba las desigualdades sociales. El "colonialismo energético", un concepto que denota la explotación de recursos en países periféricos en beneficio de economías avanzadas ilustra cómo este modelo puede continuar explotando las regiones más vulnerables bajo el pretexto de la sostenibilidad. 

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Impactos locales de las políticas “Verdes” 

En Colombia, por una parte, la minería ilegal y la explotación desregulada de recursos naturales reflejan una tendencia hacia la obtención de ganancias rápidas, a menudo en detrimento de la salud ambiental. Las iniciativas de descarbonización y compensaciones de carbono, aunque bien intencionadas, frecuentemente trasladan los costos hacia países periféricos y comunidades locales. Regiones como la Amazonía, la Orinoquía y el Chocó biogeográfico enfrentan una deforestación anual de hasta 200,000 hectáreas, exacerbando la pérdida de biodiversidad y generando emisiones significativas de CO₂ (DANE, 2023). 

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Frente a ello, el impuesto a las regalías mineras, destinado a mitigar los impactos ambientales, ha demostrado ser una solución parcial. La necesidad de mantener la significativa contribución del sector minero al PIB ha llevado a la modificación de las tasas tributarias para sectores petroleros, revelando contradicciones inherentes al sistema capitalista que priorizan el crecimiento económico sobre la protección ambiental (Dueñas y Ospina, 2024). 

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En el ámbito de la restauración de ecosistemas, por otra parte, aunque se han emprendido programas como el Proyecto de Restauración de Humedales Altoandinos, su efectividad y la cobertura aún son desiguales. Estas iniciativas se enfocan en la recuperación de servicios ambientales capitalizables, mientras que las prácticas tradicionales de manejo del territorio por comunidades indígenas y campesinas son frecuentemente marginadas por megaproyectos de infraestructura y extracción. 

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Un ejemplo concreto de esto es el proyecto de ampliación de la carretera entre Medellín y Santa Fe de Antioquia, que, aunque busca mejorar la conectividad vial y el transporte, ha generado preocupaciones ambientales y sociales significativas. Tal expansión ha tenido un impacto negativo en áreas naturales protegidas y hábitats de especies endémicas nacionales, además de suscitar críticas sobre la falta de consulta y participación efectiva del Cabildo Indígena de Karmata que allí habita (Ramos, 2024). 

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Una disyuntiva entre teoría y praxis: El caso de la distribución de Recursos Genéticos 

La gestión de los recursos genéticos —la regulación y aprovechamiento de materiales biológicos con información genética valiosa— es uno de los tres objetivos principales a tratar en la COP-16 de Biodiversidad de 2024. Estos recursos son esenciales para la investigación científica, la agricultura, la medicina y la biotecnología. La profesora Ana Mauad del Departamento de Relaciones Internacionales destaca su importancia, señalando que “las plantas con propiedades medicinales o los cultivos resistentes a enfermedades dependen de estos recursos” (Mauad, 2024). 

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En el contexto colombiano, el país ha implementado la Ley 1930 de 2018 para regular la distribución de estos beneficios, asegurando la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones. El Decreto 613 de 2018, además, establece procedimientos para la gestión de estos beneficios, alineando las políticas nacionales con los estándares internacionales del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de Nagoya (Congreso de Colombia, 2018).  

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Pese a ello, en la práctica, un desafío inherente a la búsqueda del reparto justo de los recursos genéticos radica en la desigualdad inherente en su aplicación. Este desafío se amplifica en contextos como el de Colombia, en el que la implementación enfrenta dificultades al ser un país con capacidades institucionales limitadas y un conflicto sociopolítico latente.  Lo cual se explicita en el hecho de que, en Colombia, solo el 5% de los ingresos generados por el uso de recursos genéticos se reinvierte en comunidades locales y en conservación. (Banco Mundial, 2022). 

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Esta situación, por tanto, revela cómo la gobernanza global, influenciada por perspectivas occidentales y universalistas, perpetúa violencias estructurales y limita la inclusión de cosmovisiones diversas. La estructura de gobernanza en Colombia a menudo margina a las comunidades indígenas y afrocolombianas, que, a pesar de gestionar territorios ricos en biodiversidad, quedan excluidas de los procesos de toma de decisiones y la distribución de beneficios (Ministerio de Ambiente, 2022). 

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La COP-16: Un llamado a la equidad socioambiental 

A medida que se acerca la COP-16 en Cali, es crucial que el debate sobre el futuro “verde” no se convierta en una mera retórica para justificar la expansión capitalista. La verdadera urgencia radica en desmantelar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad y la destrucción ambiental.  

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Para lograrlo, las políticas ambientales deben diseñarse para cumplir metas cuantitativas, enfrentar las desigualdades estructurales y garantizar la participación plena de las comunidades, especialmente las más vulnerables. La implementación de un modelo que integre las prácticas tradicionales de manejo del territorio y garantice una distribución equitativa de los beneficios derivados de la biodiversidad puede ser un primer paso hacia una verdadera sostenibilidad. 

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Más allá de metas y compromisos ambientales corporativos, lo que está en juego es el destino de comunidades vulnerables y ecosistemas irremplazables. Hoy, 176 años después de la aparición de ese espectro en busca de igualdad y dignidad, la COP-16 debe continuar aquel legado revolucionario ahuyentando los fantasmas “verdes” que encubren los poderes actuales y asustando los intentos de reformas que nos envuelven en una vorágine capitalistamente contradictoria. Debe ser un punto de inflexión hacia un futuro donde la justicia social y ambiental protejan la biodiversidad en un mundo donde todos podamos coexistir y prosperar. 

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Referencias 

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