FORO JAVERIANO

El pasado lunes 10 de junio de 2024, el Tribunal del Distrito Sur de la Florida en Estados Unidos, encontró probado que la multinacional bananera Chiquita Brands –nombre adoptado por la United Fruit Company tras la Masacre de las Bananeras en 1928– es civilmente responsable de financiar con hasta 1.7 millones de dólares al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la región del Urabá antioqueño. Por lo anterior, se le condenó a la empresa a pagar una millonaria indemnización de perjuicios a ocho de las víctimas de masacres, desaparición y desplazamiento forzado a manos del grupo paramilitar. 

La relación de Chiquita Brands con las AUC data de 1997, año en el cual la multinacional estadounidense mediante su filial en Colombia pactó con las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad (Las Convivir) el pago de tres centavos de dólar por cada caja de banano exportado, a cambio de la prestación de servicios de seguridad privada. No obstante, la realidad detrás de dicho pago, aparentemente legal, dejo en evidencia que Chiquita Brands conocía a la perfección la relación preexistente entre las Convivir y los grupos paramilitares. Incluso, no fue sino hasta el año 2004 que la empresa dejo de financiar la guerra en el país, a pesar de que era de público conocimiento que las AUC en el 2001 habían sido catalogadas como un grupo terrorista por los Estados Unidos.   

En esa misma línea, el informe de la Comisión de la Verdad, en la sección dedicado a “Las ACCU y la industria bananera” destaca que los negocios celebrados entre Las Convivir y los empresarios bananeros se enmarcaban dentro de un contexto de protesta social y la exigencia de derechos y garantías laborales por parte de los obreros bananeros, y, en efecto, según el testimonio del exparamilitar Hébert Veloza, con el objeto de reactivar la industria bananera, la orden a los grupos al margen de la ley era: 

Prohibir que los obreros de las bananeras hicieran paro. Y así se logró. Antes de eso, había paros que duraban meses, […] la económica bananera estaba quebrada […] Así que los verdaderos ganadores de la guerra en el Urabá fueron los magnates de la industria bananera. Todas las fincas bananeras colaboraron: Uniban [sic], Banacol, Chiquita, Dole. Todas las empresas nos colaboraron. 

Así las cosas, mientras Chiquita Brands aportaba a la financiación de los paramilitares, estos últimos se ocupaban de combatir a las guerrillas y disciplinar la vida laboral, mediante el asesinato de dirigentes y activistas sindicalistas, con el fin de debilitar las organizaciones sindicales en sus procesos de negociación colectiva. De hecho, de conformidad con las investigaciones realizadas por los Tribunales de Justicia y Paz colombianos:  

Este entramado no se limitó a la acción contra las insurgencias, sino que implicó la violencia contra los trabajadores de la industria, campesinos, sectores políticos alternativos, fuerzas que eran de izquierda o se consideran colaboradoras de la guerrilla. 

Ahora bien, Chiquita Brands durante el juicio ante la justicia estadounidense manifestó en su defensa que los pagos realizados a las AUC era producto de las extorciones a las que el grupo paramilitar los tenía sometidos. Sin embargo, durante el proceso se logró acreditar que los altos directivos de la multinacional tenían pleno conocimiento de los fines y el destino de los pagos que estaban realizando, toda vez que eran ellos quienes revisaban, aprobaban y registraban contablemente dichas erogaciones. En consecuencia, el Tribunal del Distrito Sur de la Florida desestimo las excepciones propuestas por la compañía.
 
Finalmente, es importante mencionar que el panorama ante justica nacional no es muy alentador, pues si bien la Fiscalía General de la Nación imputo a diez altos ejecutivos de las filiales de Chiquita Brands por el delito de Concierto para Delinquir, lo cierto es que el proceso se ha mantenido inactivo, pues no fue sino hasta el año 2019 que se presentó escrito de formulación de acusación y desde ahí el proceso no ha avanzado.  


La acción penal esta pronto a prescribir, y en esa medida, los hechos objeto de persecución penal quedarán en la impunidad, generando una revictimización para los damnificados, quienes ni acceso a la administración justicia por parte del Estado colombiano podrán obtener.